Provincia: los municipios podrían cobrar por el uso de caminos rurales en desuso

Un proyecto presentado en el Senado bonaerense busca que los municipios puedan relevar, custodiar y recuperar trazas que hoy tienen poca o ninguna circulación. La iniciativa permitiría autorizaciones temporarias para actividades productivas y comunitarias, con un objetivo central: evitar ocupaciones y conservar el carácter público de los caminos.

¿Qué ocurre con un camino rural que deja de utilizarse? Esa es la pregunta que busca responder un proyecto presentado en el Senado bonaerense, que propone crear un régimen provincial para que los municipios puedan identificar, administrar y recuperar trazas que quedaron prácticamente fuera de uso.

La iniciativa fue impulsada por la senadora María Inés Laurini, de Fuerza Patria, y plantea que los municipios puedan adherir voluntariamente a un esquema destinado a ordenar la situación de estos caminos.

El objetivo no sería convertir esas tierras en propiedad privada ni eliminar los caminos de la red pública. Por el contrario, la propuesta establece que las trazas continuarían siendo bienes del dominio público, aun cuando temporalmente se autoricen otros usos.

Qué podrían hacer los municipios

Si el proyecto avanza, cada municipio podría crear un registro específico para identificar los caminos rurales que se encuentran en desuso de hecho o que presentan una baja funcionalidad vial.

Para determinar la situación de cada traza se podrían realizar relevamientos sobre aspectos catastrales, jurídicos, ambientales, hídricos y territoriales. También se buscaría detectar cierres, obstáculos u ocupaciones existentes.

A partir de ese diagnóstico, los caminos podrían ser clasificados según sus necesidades: algunos requerirían ser recuperados y reabiertos, otros podrían conservarse como reservas territoriales y determinados sectores podrían admitir usos alternativos mientras no sea necesario recuperar su función vial.

Pastoreo, apicultura y huertas

Uno de los puntos que más impacto podría tener en las zonas rurales es la posibilidad de autorizar actividades sobre caminos que actualmente presentan escasa utilización.

Entre las alternativas previstas aparecen el pastoreo, la apicultura y las huertas comunitarias, además de otros usos productivos o sociales compatibles con el carácter público de las trazas.

Esos permisos podrían otorgarse mediante autorizaciones, concesiones o convenios. En determinados casos, además, podrían incluir el pago de un canon por parte de productores, empresas o particulares.

Pero el permiso tendría límites. No permitiría apropiarse del camino ni generaría derechos de propiedad o posesión sobre el terreno.

El camino podría volver a utilizarse

La iniciativa establece que cualquier autorización tendría carácter temporario, precario y revocable. Es decir, el municipio podría recuperar la traza cuando existiera una necesidad pública.

Esto resulta clave para caminos que, aunque hoy tengan poca circulación, puedan volver a ser necesarios para el tránsito de vehículos, el transporte escolar, el acceso a centros de salud, la atención de emergencias o tareas vinculadas al manejo del agua.

Tampoco se permitiría que una autorización termine convirtiéndose en un cierre permanente o en una desafectación del camino.

¿Qué pasaría con lo recaudado?

En caso de que se establezcan cánones por los usos autorizados, el proyecto plantea que los fondos tengan un destino prioritario dentro del propio territorio.

Entre los posibles destinos aparecen el mantenimiento y mejoramiento de los caminos municipales, obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial y trabajos vinculados con la gestión hídrica.

La idea es que una traza que hoy se encuentra sin uso pueda generar recursos para mejorar justamente la infraestructura rural, sin perder su condición pública.

Evitar que los caminos queden abandonados

Uno de los principales problemas que intenta abordar la iniciativa es el de los caminos que, al dejar de utilizarse, quedan expuestos a ocupaciones, cierres o apropiaciones particulares.

El proyecto busca establecer un mecanismo para que el Estado pueda saber qué caminos existen, cuál es su estado, quién los utiliza y qué destino puede darse temporalmente a aquellos que tienen una baja funcionalidad.

La discusión ahora deberá pasar por la Legislatura bonaerense. Si la propuesta consigue avanzar, los municipios que adhieran tendrían una nueva herramienta para ordenar parte de la red de caminos rurales, generar recursos y, al mismo tiempo, preservar trazas que podrían volver a ser indispensables para la circulación y los servicios públicos.