La Provincia reclama dos rutas nacionales y pone el foco en su mantenimiento
La Provincia pidió hacerse cargo de un tramo de la Ruta 33 y de la Autopista Presidente Perón. Son corredores estratégicos para el tránsito, la producción y la conexión del territorio bonaerense, pero presentan realidades muy diferentes.
La pelea por el control de dos rutas nacionales volvió a poner sobre la mesa una pregunta que para quienes manejan todos los días resulta mucho más concreta que una disputa entre Nación y Provincia: ¿en qué condiciones están los caminos por los que circulan miles de vehículos?
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, formalizó ante el Ministerio de Economía de la Nación el pedido para que la Provincia pueda gestionar y concesionar dos corredores estratégicos: un tramo de la Ruta Nacional 33 y parte de la Autopista Presidente Perón.
No se trata de dos caminos secundarios. Son vías que cumplen funciones centrales para la movilidad bonaerense, aunque con características muy distintas.
Una autopista que todavía espera completarse
La Autopista Presidente Perón fue proyectada como el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su recorrido atraviesa 12 municipios y busca conectar el Camino del Buen Ayre con otros corredores fundamentales del conurbano.
El proyecto contempla 83 kilómetros, pero actualmente hay 52 habilitados. El último tramo inaugurado fue puesto en servicio en diciembre de 2023.
La diferencia entre lo proyectado y lo que efectivamente está operativo muestra uno de los principales desafíos de esta infraestructura: completar una conexión pensada para sacar tránsito de otros corredores y mejorar la circulación metropolitana.
Una autopista de estas características no solo necesita kilómetros construidos. También requiere conservación permanente, señalización, iluminación en los sectores que la necesitan, banquinas seguras y controles que permitan mantener las condiciones de circulación.
Cuando cualquiera de esos elementos falla, la infraestructura pierde parte de su capacidad para cumplir con una de sus funciones principales: ordenar el tránsito y reducir situaciones de riesgo.
La Ruta 33, con el pavimento en el centro de la preocupación
El panorama es diferente en la Ruta Nacional 33.
Este corredor atraviesa una zona de fuerte actividad agropecuaria y cumple un papel fundamental para el traslado de producción y mercaderías. Por eso, su estado no impacta solamente en quienes viajan entre localidades: también condiciona una ruta utilizada diariamente por transporte pesado.
La Federación de Personal de Vialidad Nacional advirtió sobre el deterioro de la calzada y consideró que el corredor necesita una reconstrucción total.
El dato resulta especialmente relevante desde la seguridad vial. Una ruta deteriorada obliga a los conductores a modificar constantemente su trayectoria, reducir la velocidad o realizar maniobras para esquivar irregularidades. En una vía donde también circulan camiones, esas situaciones pueden adquirir una complejidad mayor.
Y hay otro factor: una ruta en malas condiciones no se vuelve peligrosa únicamente por el pavimento. Banquinas deterioradas, señalización deficiente y falta de mantenimiento pueden multiplicar los riesgos, especialmente de noche o con condiciones meteorológicas adversas.
Quién mantiene una ruta también define cómo se previenen los riesgos
El pedido de la Provincia coloca la administración de estos corredores en el centro de la discusión.
Pero más allá de quién tenga finalmente la responsabilidad, hay una cuestión que no cambia: una ruta segura necesita mantenimiento antes de que aparezca el problema.
Esperar a que una calzada se deteriore seriamente para intervenir suele significar mayores costos, obras más complejas y, mientras tanto, miles de conductores circulando sobre una infraestructura que no está en las mejores condiciones.
La seguridad vial se juega también ahí, en decisiones que muchas veces no se ven desde el volante: reparar una deformación, renovar una señal, mantener una banquina, corregir un sector peligroso o completar una obra que permita distribuir mejor el tránsito.
La discusión política por estas dos rutas recién comienza. Para los usuarios, en cambio, la cuestión es mucho más simple: que los corredores estratégicos de la Provincia estén transitables, señalizados y mantenidos antes de que una falla de infraestructura termine convirtiéndose en un problema para quienes circulan.
