Radares bajo la lupa: denuncian una trama de poder, dinero y habilitaciones irregulares
La polémica por el sistema de fotomultas en rutas y municipios bonaerenses sumó un nuevo capítulo y elevó la tensión en torno a la instalación de radares. Una presentación judicial impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan puso en el centro de la escena una presunta estructura destinada a desviar fondos públicos y pagar sobornos a cambio de habilitaciones.
El expediente, que quedó a cargo del juzgado de María Servini, se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones que en los últimos meses expusieron irregularidades en el negocio de las infracciones de tránsito. Entre los antecedentes más resonantes figura el procesamiento del ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, imputado por presunto lavado de dinero en una causa que también indaga maniobras vinculadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
En su denuncia, Marijuan señala a Leandro Camani, titular de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., como uno de los actores clave. El empresario también aparece vinculado a otra investigación en curso en La Plata, en la fiscalía de Álvaro Garganta. A la vez, el fiscal apunta a un funcionario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quien habría actuado como nexo institucional para facilitar contrataciones.
La acusación también menciona la posible participación de funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y áreas bonaerenses encargadas de autorizar la instalación de cinemómetros.
El nombre de Camani no es nuevo en este escenario. Ya había sido mencionado en otra causa tras una denuncia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una supuesta maniobra extorsiva vinculada a la colocación de cámaras. Semanas después, el empresario respondió con una denuncia por presunto abuso de autoridad.
En paralelo, la investigación avanza sobre un posible esquema sistemático para eludir controles en la contratación de radares. Según la presentación judicial, el mecanismo se habría basado en convenios entre municipios y la UNSAM, lo que permitía evitar procesos de licitación pública.
A partir de esos acuerdos, se habría implementado una triangulación de fondos a través de una fundación vinculada a la universidad, que luego contrataba de manera directa a empresas privadas, completando así un circuito bajo sospecha que ahora busca ser desentrañado en la Justicia.