Ramallo privatizó la Tasa de Tránsito Pesado y estalló la polémica: denuncian la creación de un “peaje ilegal”

Un fuerte conflicto logístico y tributario encendió las alarmas en el sector del autotransporte de cargas. La Municipalidad de Ramallo amplió el cobro de la Tasa de Tránsito Pesado a todos los camiones que ingresen al partido, fijando una tarifa de $37.000 por acceso, a los que se le suman $25.000 adicionales si el vehículo ingresa a una planta industrial. El gravamen, que se suma a la tasa municipal del 2% por litro de combustible vigente desde enero, aplica sobre un tramo clave de 5,1 kilómetros del ex Camino Provincial Ruta 87, vía que conecta la Ruta Nacional N° 9 con el parque industrial y el Puerto San Nicolás, y es señalado por las entidades empresarias como el peaje más caro del país.

La polémica escaló tras adjudicarse la licitación pública a la firma Plus Byte S.R.L., que instalará pórticos tecnológicos con arcos de control y balanzas sobre el Acceso Sánchez, único ingreso habilitado para el tránsito pesado. La firma privada operará el sistema de cobro automático mediante tecnología TAG por un plazo de 20 años, quedándose con cerca del 50% de la recaudación. Cabe destacar que la Tasa de Tránsito Pesado existía desde 2002 pero solo alcanzaba a cinco firmas locales (Bunge, Fiplasto, Xstorage, Loma Negra y la arenera Vázquez); ahora, con el nuevo dispositivo tecnológico, abarcará a más de 100 empresas de transporte nacionales, representando un costo proyectado de entre $100 y $500 millones anuales por empresa.

Ante esta situación, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) recurrieron a la Secretaría de Transporte de la Nación para exigir la suspensión inmediata del esquema. Desde el sector empresarial remarcan que el costo por kilómetro en este tramo supera en un 120% al del peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. Asimismo, denuncian que la medida vulnera la Constitución Nacional al fijar una “aduana interior” sobre la circulación interjurisdictional de mercaderías sin vías alternativas de tránsito, citando jurisprudencia histórica de la Corte Suprema (fallo Bressani, 1937) que resguarda la libre circulación en el país.

Desde la Municipalidad de Ramallo defienden la medida argumentando que la tasa cuenta con una contraprestación directa reflejada en obras de mantenimiento vial, iluminación, señalización y la futura construcción de una playa de estacionamiento con servicios para los choferes. Además, remarcaron que la recaudación es reinvertida en el mantenimiento del corredor y explicaron que los transportistas con domicilio local pagan una sola vez por día con un cupo de hasta diez ingresos. Sin embargo, las cámaras empresarias sostienen que las sanciones por incumplimiento, que incluyen multas, apremios fiscales y eventuales retenciones de carga, actúan como un mecanismo de coerción comercial e inconstitucional.

El reclamo cobra mayor relevancia en medio del debate por el “costo argentino” y la carga tributaria sobre la producción. Según un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 80% de las tasas municipales no poseen una contraprestación efectiva, ubicando a la provincia de Buenos Aires a la cabeza nacional con un promedio de 4,6 tasas por locación industrial. Desde la UIA advirtieron que la proliferación desmedida de tributos locales atenta contra la competitividad del sector productivo y amenazan con confinar el comercio interior si este modelo privatizador de arcos de control se multiplica en otros municipios.