Piedrazos, robos y ataques en autopistas: buscan reforzar la seguridad en las rutas bonaerenses

Un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone instalar cámaras, mallas de protección en puentes y cercos perimetrales en los sectores más peligrosos. También apunta a evitar que las obras viales dejen tramos expuestos y establece que las mejoras no podrán trasladarse al costo de los peajes.

Los robos y los ataques con piedras contra vehículos en circulación son una preocupación creciente en distintos corredores viales bonaerenses. Frente a esta problemática, diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de ley que busca reforzar la seguridad en rutas y autopistas mediante nuevas medidas de prevención y protección.

La iniciativa, impulsada por Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden, propone modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires e incorporar obligaciones específicas para prevenir hechos delictivos y proteger a quienes transitan por estos corredores.

Entre las principales medidas figura la creación de un Mapa de Tramos Críticos, que permitirá identificar los sectores con antecedentes de robos, ataques con proyectiles y accesos irregulares. El relevamiento estará a cargo de la Dirección de Vialidad, junto con el Ministerio de Seguridad y las empresas concesionarias, y deberá actualizarse periódicamente con información de acceso público.

A partir de ese diagnóstico, se prevé instalar mallas antiarrojo en puentes y pasarelas, reforzar los cercos perimetrales, mejorar la iluminación y sumar cámaras de vigilancia conectadas con los centros de control y las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos centrales apunta a las obras de infraestructura. El proyecto establece que durante los trabajos de construcción o mantenimiento no podrán quedar sectores sin protección. La remoción de vallas y cerramientos deberá contemplar medidas alternativas para impedir que los tramos intervenidos se conviertan en puntos vulnerables. El incumplimiento podrá derivar en sanciones económicas para las empresas o responsables.

La preocupación tiene antecedentes concretos en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Entre los episodios mencionados por los impulsores de la propuesta aparecen los problemas registrados durante la construcción del cuarto carril, a la altura del barrio El Monte, en Quilmes, donde la remoción de vallas perimetrales habría dejado sectores expuestos. También se señalaron ataques con piedras y otros proyectiles desde puentes.

En cuanto al financiamiento, la iniciativa establece que las nuevas medidas de seguridad deberán ser costeadas por el Estado provincial a través de Rentas Generales. De esta manera, los gastos no podrán trasladarse a las tarifas de peaje ni generar costos adicionales para los usuarios.

El proyecto también busca actualizar las multas previstas en la legislación vigente. La sanción original, establecida en 1977 en 500.000 pesos, perdió prácticamente todo su valor por los sucesivos cambios monetarios. Por eso, se propone reemplazar ese monto por unidades fijas, utilizando el mismo criterio que se aplica para las infracciones de tránsito en la provincia.

La propuesta deberá ser tratada en la Legislatura bonaerense. Su eventual aprobación incorporaría nuevas exigencias para la protección de rutas y autopistas, con especial atención en los puentes, los accesos y los sectores donde las obras puedan comprometer la seguridad de quienes circulan.