Golpe al bolsillo en rutas y autopistas: aumentan peajes y TelePASE ya no tendrá descuentos

La Dirección Nacional de Vialidad autorizó un nuevo aumento en los peajes de rutas y autopistas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de privatización de la red vial. La medida fue oficializada a través de la Resolución 248/2026 y comenzará a regir desde el jueves 26 de febrero.

El incremento oscila entre el 15,4% y el 19%, según el tramo y el tipo de vehículo. Con el nuevo cuadro tarifario, el valor mínimo para autos pasa de $1.300 a $1.500 en las estaciones de peaje de todo el país, mientras que las categorías de mayor porte alcanzan hasta $7.500 e incluso superan los $9.000 en algunos corredores nacionales.

La actualización alcanza corredores estratégicos como la Autopista Ricchieri, el acceso Ezeiza–Cañuelas, las conexiones Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, además de tramos de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 12, 205 y 226, entre otros.

En la Ricchieri, las motocicletas abonarán $650 y $750 en hora pico. Los vehículos livianos de hasta dos ejes pagarán entre $1.300 y $1.500, mientras que los camiones y unidades de mayor porte escalarán desde $2.600 hasta $7.500, según ejes y altura. En la ruta 226, por ejemplo, los valores varían entre $1.500 y $7.500, según la categoría.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los descuentos por pago electrónico: el sistema TelePASE ya no tendrá bonificaciones y el monto será idéntico al de cabina, sin distinción por modalidad ni, en la mayoría de los casos, por franja horaria.

El aumento se aplica pese a que meses atrás Vialidad había condicionado cualquier ajuste a la meta de “bache cero”, es decir, garantizar transitabilidad segura antes de autorizar nuevos precios. Sin embargo, el nuevo esquema tarifario entra en vigencia sobre la infraestructura actual, en un contexto de revisión integral de contratos y avance del modelo de concesiones privadas.

La actualización impactará de lleno en usuarios particulares y transportistas, que deberán afrontar mayores costos en un escenario de fuerte presión económica y en medio de la redefinición del modelo de gestión vial a nivel nacional.