Licencia digital: presión opositora y un debate que expone la caja bonaerense
La discusión por la licencia de conducir digital volvió a tensar la agenda en la provincia de Buenos Aires: mientras la mayoría de los distritos ya adoptó el sistema nacional vigente desde 2025, legisladores de la Unión Cívica Radical presionan para que el gobernador Axel Kicillof adhiera plenamente, en medio de objeciones técnicas y reparos financieros del Ejecutivo.
El diputado Valentín Miranda, junto a Alejandra Lordén y Priscila Minnard, presentó un proyecto para que la Provincia otorgue carácter permanente a la licencia digital, cuyo uso actual está permitido solo de manera transitoria debido a problemas en la provisión de insumos para emitir el carnet físico.
Según los radicales, esta situación genera un limbo normativo: hay licencia digital, pero sin adhesión formal al régimen aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El sistema nacional —vigente desde mayo de 2025— permite renovar el registro de manera remota mediante constancia médica digital y habilita revisiones técnicas en talleres de distintas jurisdicciones.
La presión no es exclusiva de la UCR. La diputada Oriana Colugnatti, de La Libertad Avanza, presentó meses atrás un proyecto en la misma línea, consolidando un reclamo multipartidario para que Buenos Aires se alinee con una política que ya funciona en la mayoría de las provincias.
El argumento oficial: controles y recursos
Desde el Gobierno bonaerense, el ministro de Transporte Martín Marinucci expresó objeciones al modelo impulsado por la administración nacional. Entre los puntos cuestionados figuran la modalidad de renovación, la intervención de prestadores privados y la eliminación de vencimientos estrictos, aspectos que, según sostuvo, podrían flexibilizar controles y afectar la política de reducción de la siniestralidad.
Pero el debate no se limita a lo técnico. En el trasfondo aparece un factor clave: la recaudación. El Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) representa un ingreso que se coparticipa con los municipios, y la migración total al sistema digital implicaría cambios en la estructura de emisión y en los recursos que hoy perciben los distritos.
En ese punto se concentra la tensión. Mientras la oposición habla de modernización, simplificación y seguridad jurídica para los conductores, el oficialismo advierte sobre el impacto presupuestario y la necesidad de preservar facultades locales.
Entre el QR y el plástico
La Provincia también plantea otro argumento: la conectividad desigual en distintos puntos del territorio. Para el Ejecutivo, mantener la licencia física como alternativa no es un capricho, sino una garantía para quienes no cuentan con acceso permanente a herramientas digitales.
Así, la discusión excede el formato del documento. Lo que está en juego es el equilibrio entre modernización administrativa, control estatal y recursos municipales. En un escenario donde 19 provincias ya se sumaron al esquema nacional, Buenos Aires enfrenta una decisión que combina política, tecnología y financiamiento.