Peajes en la mira: más cabinas, menos obras entre Bahía Blanca y Buenos Aires
La política de concesionar rutas vuelve al centro del debate con una medida concreta: en la Ruta 3 norte, entre Bahía Blanca y Buenos Aires, se instalarán cinco estaciones de peaje a lo largo de sus 600 kilómetros. La decisión forma parte de la estrategia del gobierno nacional de trasladar el mantenimiento vial al sector privado.
El objetivo oficial es claro: reducir la dependencia de fondos públicos y delegar en capitales privados tareas clave como el cuidado de la calzada y las banquinas, con el argumento de mejorar la seguridad vial. Sin embargo, el esquema genera dudas desde el inicio.
Este primer paquete de concesiones no incluye, al menos por ahora, obras de fondo. No hay señales de autopistas, autovías, duplicación de calzadas ni ampliación de carriles en función del tránsito. En otras palabras, más peajes no necesariamente significan mejores rutas.
La hoja de ruta fue diseñada por Vialidad Nacional y revisada por distintas áreas del Gobierno, entre ellas Economía, Obras Públicas y el Ministerio de Desregulación y Reforma del Estado. Aun así, siguen sin definirse intervenciones en tramos críticos que requieren obras urgentes. “Estamos en el proceso de análisis de factibilidad y costos”, indicaron desde el Ejecutivo.
En el caso puntual de la Ruta 3, el peaje estaría destinado principalmente al mantenimiento básico. Esto explica el interés de privados: concesiones con alta recaudación y baja inversión inicial.
Las críticas no tardaron en aparecer. Distintos sectores advierten que el modelo corre el riesgo de convertirse en un sistema meramente recaudatorio, sin impacto real en la infraestructura. La falta de obras estructurales es el principal cuestionamiento.
El problema de fondo es conocido: una red vial extensa, deteriorada y con escasa inversión sostenida. En ese contexto, la participación privada puede ser una herramienta válida, pero solo si está acompañada de exigencias claras, mejoras concretas y controles efectivos del Estado.
De lo contrario, el riesgo es simple: que los ciudadanos paguen más, pero circulen por las mismas rutas de siempre.