Mar del Plata: el proyecto de ley que busca regular las apps de transporte y liberar las tarifas de taxis y remises 

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para crear el “Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas” en General Pueyrredon. Esta propuesta busca reunir bajo un mismo marco normativo a taxis, remises y plataformas digitales de transporte (como Uber y Cabify) para superar el actual esquema fragmentado y desactualizado.

Como pilar central, se propone un Registro Único Municipal obligatorio y gratuito para conductores, vehículos y empresas de aplicaciones. Los choferes deberán acreditar domicilio real en el distrito, contar con licencia profesional habilitante, certificado de antecedentes penales, inscripción fiscal y seguro específico para transporte de personas.

Respecto a los vehículos comerciales, estos deberán estar radicados en el partido y tener seguro comercial y VTV vigente (con control anual para unidades de hasta 15 años y semestral para las más antiguas). Asimismo, el proyecto prohíbe explícitamente el transporte de pasajeros en motocicletas o vehículos de dos o tres ruedas.

Las plataformas digitales de transporte estarán obligadas a fijar domicilio legal en Mar del Plata, designar un representante local, asegurar la trazabilidad de los viajes y brindar atención de reclamos. Tributariamente, quedarían sujetas a una Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene del 1% sobre su facturación total, de la cual estarán exentos los taxis tradicionales.

Un punto clave de la iniciativa es la liberación de las tarifas, aunque los prestadores deberán informar de forma clara y accesible el precio estimado del viaje al usuario antes de iniciarlo. En tanto, los taxis tradicionales conservarán el derecho exclusivo a la captación de pasajeros en la vía pública sin reserva previa y el uso de las paradas habilitadas.

Por último, el expediente incorpora un régimen de sanciones que contempla multas, suspensiones e inhabilitaciones para quienes incumplan la reglamentación. En caso de ser aprobada la ordenanza, se fijará un plazo máximo de 90 días para la adecuación general de los actores y la puesta en marcha del sistema.