Impulsan una “tarifa vecinal” del 5% ante el regreso de los peajes y la polémica en la Ruta 6
El inminente regreso del cobro de peajes en la Ruta Provincial 6 ha encendido las alarmas en todo el corredor productivo bonaerense. Ante la medida autorizada por el Ministerio de Infraestructura provincial para que la empresa estatal AUBASA gestione el cobro, crece el malestar entre los vecinos y usuarios viales. La principal preocupación radica en el impacto económico sobre una traza clave que atraviesa doce municipios y que no cuenta con vías alternativas razonables y libres de pago.
Frente a este escenario, la diputada provincial Soledad Alonso presentó una iniciativa legislativa para crear un “régimen vecinal” que proteja el bolsillo de los residentes locales. El proyecto busca que los habitantes de las zonas afectadas abonen únicamente el 5% de la tarifa general. Para fundamentar la propuesta, la legisladora tomó como referencia el modelo vigente en el peaje de Samborombón (Autovía 2), donde los ciudadanos de Chascomús pagan una tarifa simbólica.
Alonso consideró “claramente insuficiente” el descuento del 30% que contempla la actual normativa de la Provincia. Los números reflejan la urgencia del reclamo: en la futura estación de Los Cardales (Campana), la tarifa en hora pico para un auto será de $4.596,60. Con la rebaja oficial, un vecino pagaría más de $3.200 por pasada, lo que se traduce en más de $180.000 mensuales para quienes viajan a diario. Con la tarifa vecinal del 5%, el costo se reduciría a solo $230.
Desde el punto de vista tecnológico, el cobro operará bajo el moderno sistema “Free Flow” (libre flujo). Esta modalidad utiliza pórticos con cámaras y sensores de lectura automática, haciendo obligatorio el uso del dispositivo TelePASE, ya que no habrá cabinas físicas ni barreras. Las estaciones estarán en San Vicente, General Las Heras y Los Cardales, con una implementación que comenzaría a fines de este año y completaría su infraestructura hacia 2026.
Sin embargo, la modernización del sistema no aplacó las críticas. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) emitió un duro comunicado calificando la medida de “inconstitucional” y tildándola de ser un “impuesto al tránsito”. La entidad cuestionó severamente la decisión unilateral del gobierno, señalando la falta de participación ciudadana y la ausencia de audiencias públicas vinculantes previas a la adjudicación.
El impacto en la economía diaria y logística será drástico. Según estimaciones del CONADUV, un automóvil particular que realice veinte viajes mensuales podría gastar más de 4,4 millones de pesos anuales. Para el transporte de carga, un camión de seis ejes afrontaría costos de hasta 22 millones de pesos al año, encareciendo el traslado productivo entre La Plata y el complejo Zárate-Campana, y corriendo el riesgo de que la recaudación solo cubra el gasto operativo del sistema en lugar de volcarse a la mejora de la calzada.
Para intentar mitigar este golpe económico, la diputada Alonso adelantó que buscará abrir un canal de diálogo urgente entre los municipios afectados, la Provincia y AUBASA. De no lograr un acuerdo favorable para los habitantes que dependen de esta ruta por trabajo, estudio o salud, el reclamo avanzará formalmente como un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense.
