¿Se termina la ventaja? El drástico cambio que deberán afrontar los choferes de apps en CABA
La Justicia porteña determinó que los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deberán tramitar de forma obligatoria una licencia profesional y contar con seguros específicos para operar en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo busca nivelar las condiciones regulatorias entre las plataformas digitales y los servicios tradicionales de transporte, como taxis y remises.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, tras un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces concluyeron que estas plataformas no son meros intermediarios tecnológicos, sino que prestan un servicio global de transporte que no puede funcionar por fuera de los controles estatales.
Este cambio normativo implica que los miles de conductores que hasta ahora utilizaban un registro de conducir particular estarán en falta si no obtienen la habilitación profesional. La medida exige, además, la contratación de coberturas de responsabilidad civil y seguros específicos diseñados para el transporte de pasajeros, garantizando mayor protección ante siniestros.
En sus fundamentos, los magistrados Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín señalaron que no puede existir un “vacío legal” que permita a un sector evitar las exigencias que otros cumplen. Para reforzar esta postura, el tribunal citó antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la naturaleza comercial de estas empresas.
El fallo también incluyó una fuerte crítica a la administración porteña por haber permitido una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las aplicaciones durante los últimos años. Según el tribunal, la Ciudad calificaba a las plataformas como servicios clandestinos mientras, simultáneamente, permitía su publicidad en espacios públicos y no ejercía controles efectivos.
Como consecuencia de esta decisión, la Justicia ordenó al Ejecutivo local iniciar los procedimientos necesarios para el cobro de impuestos locales a las empresas propietarias de las aplicaciones. Asimismo, se exigió la realización de campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre los posibles riesgos de seguridad vinculados a la falta de licencias y seguros profesionales.
Un punto clave del fallo establece que, mientras persista la desigualdad regulatoria, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar ciertos aranceles administrativos a los taxistas relacionados con sus trámites de operación. Esta medida busca compensar el esquema de costos más elevado que soporta el sector tradicional frente a la competencia de las plataformas digitales.
Con esta medida, en resumen, la adecuación a las nuevas exigencias será obligatoria para todos los choferes que operen en el ámbito de CABA. Entre los requisitos principales se destacan el registro profesional, seguros con cobertura para pasajeros y el cumplimiento de controles similares a los remises, a la espera de una ley específica que regule la actividad de forma definitiva.