La reforma para endurecer las penas por siniestros viales puede caerse en Diputados
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, deberá ser tratado por la Cámara de Diputados antes de septiembre para evitar que pierda vigencia legislativa. Organizaciones de familiares de víctimas reclamaron su aprobación y se declararon en estado de alerta.
Las organizaciones que impulsan la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos viales advirtieron que el proyecto podría perder estado parlamentario si la Cámara de Diputados no lo trata antes de septiembre.
La iniciativa obtuvo media sanción del Senado en septiembre de 2025 y propone modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal para agravar las sanciones en casos de siniestros viales con conductas de extrema imprudencia, como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el uso del teléfono celular al volante, la fuga del lugar del hecho o la conducción con licencia inhabilitada.
Las fundaciones Estrellas Amarillas y Madres del Dolor manifestaron su preocupación por la falta de tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.
Qué cambios propone el proyecto
La iniciativa busca diferenciar con mayor claridad los hechos de extrema imprudencia del homicidio culposo tradicional, incorporando nuevos agravantes y endureciendo las consecuencias penales para quienes provoquen la muerte o lesiones graves al conducir.
Según explicaron las organizaciones impulsoras, la reforma apunta a eliminar vacíos legales que actualmente permiten, en muchos casos, la aplicación de condenas en suspenso pese a la existencia de múltiples agravantes. Sostienen que el régimen vigente no refleja la gravedad de determinadas conductas y genera una fuerte sensación de impunidad entre las familias de las víctimas.
Entre los principales cambios propuestos se encuentra el aumento de las penas hasta un máximo de 12 años de prisión cuando concurran circunstancias especialmente graves, además de ampliar los plazos de inhabilitación para conducir.
Las entidades también consideran que una legislación más severa tendría un efecto preventivo, al desalentar conductas de alto riesgo como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, a velocidades excesivas, utilizar el teléfono celular al volante o darse a la fuga tras provocar un siniestro vial.
