Fotomultas bajo la lupa: el vínculo entre Marinucci y Camani podría convertirse en un problema para Kicillof
El reciente procesamiento del empresario Leandro Camani podría reactivar interrogantes políticos dentro de la administración bonaerense encabezada por Axel Kicillof. El empresario, conocido por su presencia histórica en el negocio de las fotomultas, aparece nuevamente en el centro del debate mientras el Ministerio de Transporte provincial impulsa cambios regulatorios que modificarían el funcionamiento del sistema.
En ese contexto, la figura del ministro de Transporte, Martín Marinucci, comienza a ser observada con mayor atención. Desde su llegada al cargo, tras la salida de Jorge D’Onofrio, el área habría iniciado una serie de reformas administrativas que afectan directamente el registro de proveedores de tecnología para el control de infracciones de tránsito.
Algunos sectores políticos y empresariales sostendrían que estas modificaciones podrían alterar el esquema de competencia que durante años rigió en la provincia. La discusión se intensifica porque Camani, hoy procesado en distintas causas judiciales —entre ellas una denuncia presentada por Claudio Tapia—, habría tenido vínculos previos con el entramado empresarial que opera en el negocio de los sistemas de control vial.
Dentro del propio oficialismo también circularían versiones que intentan relativizar la responsabilidad directa del ministro. En ese relato aparece el nombre de Jorge Orzali, funcionario del área técnica del ministerio, a quien algunos dirigentes de La Plata vincularían con operadores jurídicos cercanos al entorno empresarial de Camani.
Más allá de las especulaciones políticas, el punto central de la controversia estaría en la Disposición 45-DPAYCTAMTRAGP-2025, norma administrativa que reemplaza el reglamento del Registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito. Según distintas interpretaciones jurídicas que circulan en la administración provincial, el nuevo esquema podría modificar la lógica de un sistema que históricamente funcionó con inscripción abierta para empresas que cumplieran los requisitos técnicos.
Ese cambio, según plantean algunos actores del sector tecnológico vinculados al control vial, podría restringir la incorporación de nuevos proveedores o someter su continuidad a criterios administrativos distintos de los existentes hasta ahora. Desde esa mirada, el nuevo marco regulatorio podría concentrar la actividad en un número reducido de operadores.
Quienes cuestionan la reforma sostendrían que el modelo original —establecido en el marco de la Ley 13.927 y otras normas complementarias— se había diseñado justamente para fomentar la competencia tecnológica y evitar posiciones dominantes dentro del sistema.
Otro punto que genera debate institucional es el rango normativo utilizado para introducir las modificaciones. La reforma del registro habría sido implementada mediante una disposición administrativa de una dirección provincial, sin pasar por un decreto del Poder Ejecutivo ni por una ley específica. Para algunos especialistas en derecho administrativo, esa vía podría abrir discusiones jurídicas sobre el alcance de la medida.
En ese escenario, el debate excedería la figura individual de los funcionarios involucrados. El tema podría transformarse en un problema político más amplio si prosperan los planteos sobre eventuales conflictos con principios básicos de la contratación pública, como la libre concurrencia de oferentes, la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos administrativos.
Por ahora, la cuestión se mueve en el terreno de las versiones, los cuestionamientos empresariales y las interpretaciones jurídicas. Pero el caso podría escalar si aparecen presentaciones formales o investigaciones que analicen el impacto real del nuevo esquema regulatorio.
La pregunta que sobrevuela en la política bonaerense es si el gobierno de Kicillof optará por revisar el sistema para despejar dudas o si defenderá el cambio como una reforma administrativa destinada a modernizar los controles viales. En cualquiera de los dos escenarios, el debate sobre las fotomultas parece lejos de cerrarse.